JUANA RIVAS Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL

Desde que el pasado 26 de Julio Juana Rivas decidiera incumplir la orden de entregar a sus hijos a su ex-pareja, desobedeciendo sendas sentencias firmes; se han repetido los debates en medios de comunicación y foros telemáticos sobre si dicha decisión podía calificarse de “desobediencia civil”.
En realidad ese debate debería plantearse a dos niveles. Uno, si la desobediencia de Juana Rivas merece ese calificativo. Dos, si la campaña de solidaridad surgida dentro y fuera de las redes es un caso de este peculiar ilícito.

Con el segundo de los ámbitos no hay mucho problema. Quienes han ayudado a Juana Rivas a permanecer en paradero desconocido este tiempo; han ejercico un caso de desobediencia civil. Por lo que hace a la solidaridad general, es verdad que no se expresa con una vulneración jurídica de mucha relevancia penal, la autoinculpación colectiva de apoyo efectivo a una persona escondida (otra cosa es que se hubiera llegado a un caso práctico de obstrucción a la acción jurídica). Pero no es menos verdad que es una muestra de solidaridad e insolencia, que retoma esquemas de anteriores dinámicas de autoinculpación (aborto, insumisión, eutanasia), que sitúa el caso de Juana Rivas en la esfera pública y que casa a la perfección con las definiciones tipo diccionario de el ilegalismo a que nos referimos.

Definiciones que suelen decir de esta transgresión que es“una forma de intervención socio-política legítima en los estados democráticos, que toma cuerpo en forma de acto voluntario, intencional, premeditado, consciente, público, colectivo, no violento; que tiene como pretensión y/o resultado la violación de una ley, disposición gubernativa u orden de la autoridad, cuya validez jurídica puede ser firme o dudosa, pero que, en cualquier caso, es considerada inmoral, injusta o ilegítima por quienes practican semejante desobediencia transgresora. Una desobediencia que busca un bien para la colectividad y que es tanto una apelación a la capacidad de razonar y al sentido de justicia de esa colectividad como un acto ‘simbólico’ que busca ocasionar un cambio en la legislación o en los programas de gobierno”.

Quienes afirman que la desobediencia de Juana Rivas no encaja en este tipo de definiciones olvidan (intencionadamente o no, esa es otra) un par cosas: En primer lugar que la desobediencia civil se ha definido siempre tanto en la teoría como en la práctica y que estamos ante situaciones y procesos complejos y plurales que no se dejan acotar en una simple foto fija. En segundo lugar, que ese cúmulo incompleto de características que acabo de recitar, casi de memoria, en semejante definición, exige muchos matices; salvo que se quiera realizar una reflexión vacía alejada del devenir urgente de lo cotidiano.

Por lo demás incurren en una trampa argumentativa, utilizando una suerte de perversa inversión lógica, que les lleva a concluir que si la desobediencia no lleva el adjetivo de “civil” es, directamente, injustificable; cuando en realidad la desobediencia civil no otorga justificación por el nombre, sino que precisa ser justificada a través de una adecuada ponderación de normas vulneradas, derechos afectados, derechos esgrimidos, proporcionalidad de la protesta, etc. De ahí que se diga de ella que es un acto responsable.

El caso analizado es un claro ejemplo de conflicto entre Ley y Justicia que Juana Rivas ha afrontado a través de la desobediencia. Y es, en primer lugar, una desobediencia justificable. Y sí, puede catalogarse de desobediencia civil.

Hay quien considera que es un mero intento de sustraerse a la acción de la administración de justicia; pero en realidad es un acto de defensa sus hijos y de sus propios derechos. Y el hecho de que, en su desarrollo, sea un gesto individual; en nada quita para caracterizar esa desobediencia de civil. Basta pensar en H.D. Thoreau o Rosa Parks.

No obstante lo importante a estos efectos es percatarse de lo que, indirectamente, ha logrado Juana Rivas: Convertir su situación en un espejo para la conciencia (individual y colectiva) y volver a llamar la atención sobre la perniciosa tendencia a considerar sinónimas legalidad, moralidad y justicia.

Lo importante y preocupante no es cómo calificar la desobediencia de Juana Rivas, sino la persistencia entre la ciudadanía de ideas como “la ley está para obedecerla”, “la ley es igual para todos”, etc. Hace tiempo que, por mera salud democrática, deberíamos tener asumido que el Derecho, incluso el contruído en sociedades que se autodefinen democrática, no tiene que ser acrítica y sumisamente obedecido per sé; si no que debe ganarse esa forma de respeto que es la obediencia. Y en este caso no lo ha hecho.